“Desaparecidos” que no desaparecieron – Carta de lectores (diario La Nación) – José D’Angelo

DIARIO LA NACION
Carta lectores – 24 octubre 2024.

¿Denunciar no sirve de nada?
Por José D’Angelo

Hace ya casi cinco años denuncié en un juzgado federal de los tribunales de Comodoro Py que alguien había cobrado –y, por lo tanto, alguien había pagado– una indemnización fraudulenta que, actualizada por inflación, representa más de 100 millones de pesos por el asunto de los muertos y desaparecidos de los años 70.

Adjunté, como se verá, toda la prueba necesaria para avanzar en la represión del delito, y el juez, hasta ahora, no hizo nada.

El caso es sencillo: Atilio Santillán, dirigente sindical azucarero, fue asesinado en la CABA el 22 de marzo de 1976. A los pocos días, en la contratapa de la revista Estrella Roja Nº 74 del autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo”, esta organización terrorista anunció, con lujo de detalles, que ellos lo habían matado “por traidor”.

Muchos años después, Arnol Kremer, quien desde julio de 1976 ocupó la jefatura de esa organización sediciosa tras la muerte de su anterior jefe, Mario Santucho, en una entrevista, afirmó: “Yo estaba presente cuando Santucho dio la orden de matar a Santillán. Un comando entró en el sindicato y lo bajó”.

Tenemos entonces que Santillán no está comprendido en los supuestos de la “ley reparatoria” Nº 24.411, que ordena indemnizar a los familiares de las “víctimas de la represión ilegal del Estado”, porque, claramente, no lo es.

Pues bien, en marzo de 2007, y por liquidación del Ministerio de Economía Nº 36.744, el gobierno de Néstor Kirchner pagó, y alguien cobró, cien millones de pesos como si a Santillán lo hubieran asesinado agentes estatales. Pero el asunto se agrava al comprobar que Atilio Santillán no figura registrado en la lista oficial que la Secretaría de Derechos Humanos elaboró con la nómina de las “víctimas de la represión ilegal del Estado” en 2006, ni tampoco en su actualización de 2015.

O sea, no lo mató el Estado, no está registrado en ningún lado como “víctima”, pero a alguien le pagaron como si lo hubiera sido. En mi denuncia le pregunto al juez: con este modus operandi, ¿a cuántos Juan Pérez que no conocemos, y a los que no les corresponde, se les pagó una indemnización sin registrarlos en ninguna parte? Han pasado varios años. No parece difícil de resolver el caso. ¿Denunciar no sirve de nada?

El juez se llama Ariel Lijo.

José D’Angelo
DNI 12.258.460

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Guerra Antisubversiva – Lo que se debía haber hecho y no se hizo (Enrique Díaz Araujo)

Guerra Antisubversiva – Lo que se debía haber hecho y no se hizo (Enrique Díaz Araujo)

Reproducimos a continuación el siguiente texto del Dr. Enrique Díaz Araujo (QEPD):

En varias ocasiones nos hemos referido al testimonio que nos diera el General Juan Antonio Buasso, acerca de la conversación mantenida por él con el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Jorge Rafael Videla. Lo recordamos ahora.
Buasso contaba que en marzo de 1976, estando él y el general Rodolfo Mujica prácticamente en disponibilidad, por su condición de nacionalistas frente al golpe liberal (situación corroborada por Rosendo Fraga, en “Ejército: del escarnio al poder (1973-1976)”, Buenos Aires, Sudamericana/Planeta, 1988), fueron citados, sucesivamente, por su superior. Como ellos ya estaban algo anoticiados de lo que se les iba a proponer, con su argumentación respectiva, acordaron entre sí, a fin de dar respuestas coincidentes.
El asunto que Videla comunicó a ambos generales, comenzando por el más antiguo, que era Rodolfo Mujica, su decisión de que se hicieran cargo de la Policía Federal Argentina. Aceptada la resolución por el subordinado, Videla los interrogó (siempre cada uno a su turno) acerca de si sabían cómo debían proceder en los casos más graves de los terroristas que fueran detenidos. Ambos militares nacionalistas respondieron que sí lo sabían; que para eso se había reformado el Código Penal, concordado con el Código de Justicia Militar. De otro modo, que se les instruiría juicio sumario castrense, y dictada la sentencia por el juez militar, en su caso, sentencia de muerte, se procedería a fusilar al convicto.

En ese estado de la cuestión fue cuando Videla les dijo que eso era un dislate.

Que el Dr. Henry Kissinger (puede leer más sobre Kissinger aquí) le había comentado una situación ejemplar con opciones diversas. Por un lado el General Francisco Franco, en España, al querer ejecutar la pena de muerte contra unos etarras condenados por los Tribunales Militares, se había visto enfrentado con la opinión adversa de todo el mundo, incluida la del Papa Paulo VI. En cambio, Idi Amín Dadá, tirano de Uganda, “se pasaba a la cacerola cinco mil tipos cada noche” (según expresión textual), y nadie decía nada. Luego, para Videla era obvio que el segundo camino, el aconsejado por Kissinger a los militares iberoamericanos que debían contener el ataque castrista, era el correcto.
Los generales nacionalistas convocados respondieron (siempre en su turno) que Franco, maguer la oposición internacional, había fusilado a los etarras, documentando el hecho en expedientes. Que acá no habría necesidad de fusilar a demasiados terroristas, por la calidad ejemplarizadora del fusilamiento público (de la que carecían los métodos clandestinos). Máxime, si como ellos lo pedían, el Ejército mostraba a la población que el castigo iba a comenzar por sus propios miembros traidores. Y señalaron el caso del Coronel Perlinger, quien se hallaba detenido en Campo de Mayo por haber intervenido en la fuga de los guerrilleros del aeropuerto de Trelew. El otro sendero, el de las “desapariciones”, concluyeron, era indigno del Ejército; añadiendo Buasso: “Esto lo vamos a pagar muy caro y largamente, mi General”.
De resultas de lo cual, cada uno de los generales nacionalistas fue pasado a retiro.

Aún resuenan en mis oídos las nobles palabras de don Ricardo Curuchet en el ágape de desagravio que los amigos le brindaron a don Rodolfo Mujica. Más largo eco ha tenido el debate sobre el alcance de las “desapariciones” que las Fuerzas Armadas practicaron para reprimir a los agresores castristas.
Videla hasta ahora había negado el hecho, había dado explicaciones ambiguas.
Empero, ante la requisitoria periodística de Ceferino Reato, en el libro “Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos” (Buenos Aires, Sudamericana, 2012), aunque sin mencionar las entrevistas que mentábamos, da una versión bastante coincidente con aquella que dieron en su momento nuestros generales amigos.
Así, ahora leemos estos párrafos en la obra de Reato:
“Videla se hace cargo de «todos esos hechos» y señala que los alentó de manera implícita, tácita.
“Frente a esas situaciones, había dos caminos para sancionar a los responsables (de las desapariciones) o alentar estas situaciones de manera tácita como una orden superior no escrita que creara la certeza en los mandos inferiores de que nadie sufriría ningún reproche. No había, no podía haber una Orden de Operaciones que lo dijera. Hubo una autorización tácita. Yo me hago cargo de todos esos hechos. Y agrega que, en el contexto de aquella época, fue «la mejor solución» que encontraron.

“No había otra solución: estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra, y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil – la desaparición de personas” (op. cit., págs. 56-57).
Más adelante, Videla aclara un poco el punto. Porque de lo transcrito podría inferirse que él se limitó a tolerar la conducta ilícita de sus subordinados, bien que compartiéndola tácitamente.
En realidad, la cosa fue al revés. Los altos mandos liberales (Viola, Harguindeguy, Massera, “Pajarito” Suárez Mason, Agosti, Villarreal, etc.) fueron los que ordenaron ese tipo de represión, que sus subordinados, por obediencia debida, acataron. Precisamente, en ese otro pasaje del citado libro, el asunto queda más en claro:

“Más allá de cuántos fueron los desaparecidos, Videla afirma que no podía fusilar a «las personas que debían morir para ganar la guerra» por varios motivos. Uno de ellos era que en 1975 el dictador de España, el generalísimo Francisco Franco, había respaldado la decisión de un consejo de guerra que dispuso la ejecución de tres miembros de la ETA, pero no pudo hacerlo por las protestas de gobiernos europeos y latinoamericanos y hasta del papa Paulo VI.

“Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra; no podíamos fusilarlas. ¿Cómo íbamos fusilar a toda esa gente?… porque iba a llegar un momento en que la gente diría: «¡Basta, esto no es Cuba!»” (op. cit., págs. 43-44).

“Se llegó a la decisión que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte” (op. cit., pág. 51).

En suma, lo que confiesa Videla es un “crimen de guerra”; delito penal internacional. Homicidios calificados por premeditación. Asesinatos deliberados y ocultados. Aunque de pésima manera judicial, Videla y sus subordinados están pagando aquella negra decisión, tomada para su mal y el de la FF.AA. argentinas. Ante tantas “desapariciones”, la gente de haberlo sabido, les podría haber dicho: “¡Basta, esto no es Uganda!” Este país africano era el modelo que Videla, en 1976, esgrimió ante los dos firmes generales nacionalistas.
Bien. Aunque el propósito de un trío de lecturas no se concretó, al menos, de las dos leídas sacamos una breve y neta lección, a saber: que tan malas pueden ser las aberraciones liberales como las esclavitudes marxistas. Y que muchas veces, ambas ilicitudes se conectan entre sí y se retroalimentan. Una vez más: ¡tomemos debida nota de esta moraleja política y paradoja ideológica!

Enrique Díaz Araujo

 

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